La disputa se centró en la normativa que regula rasantes y estudios de sombra, y fue iniciada por un grupo de vecinos mediante reclamo presentado a la Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana en contra del permiso que aprobó el anteproyecto. El proceso ante dicho Seremi motivó una consulta al DDU Minvu, órgano que se pronunció en forma coherente con los argumentos esgrimidos por la inmobiliaria, cuestión que resultó determinante para que la Seremi Minvu resolviera el reclamo en su favor.

La arremetida de los vecinos fue complementada con la presentación de dos recursos de protección, los cuales fueron finalmente rechazados por la Tercera Sala de la Corte Suprema, la cual reiterando criterios ya asentados, estimo improcedente interponer un arbitrio en favor de “vecinos” que no se individualizan, por no ser el recurso de protección una acción popular. Asimismo, estimó que en la acción interpuesta “no se satisfacen las exigencias previstas en el art. 20 de la Constitución Política de la República para acceder a la cautela pedida”.

BSVV representó los intereses de la inmobiliaria en todos los frentes, encomendando a don Raúl Tavolarí O. el alegato de los recursos de protección ante la Corte de Apelaciones.

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