El pasado 21 de abril la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción (causa Rol N°10.609-2022) que rechazó dos recursos de protección interpuestos por las Municipalidades de Santa Bárbara y de Quilaco contra el proyecto “Central Hidroeléctrica Rucalhue” con el objeto de conseguir la paralización de su construcción.

El proyecto, cuyo titular es la empresa Rucalhue Energía SpA, se trata de una central hidroeléctrica “de pasada” de 90 MW que cuenta con autorización ambiental. El equipo de Derecho Público, Regulatorio y Medio Ambiente de Barros Sila Varela & Vigil asumió la representación judicial de la empresa.

En sus recursos las municipalidades argumentaron que el proyecto representaría una supuesta amenaza a algunos derechos constitucionales, señalando, entre otras ilegalidades, que la autorización ambiental no consideró la variable del cambio climático y que se estarían construyendo obras sin el respectivo permiso de edificación.

Los abogados de nuestro estudio, representando a la empresa, desestimaron dichos argumentos, con razones de forma, como la extemporaneidad del reclamo y la idoneidad del recurso para el caso, y de fondo, indicando que el proyecto cuenta con los permisos exigidos por la ley, que no afecta la disponibilidad de agua ni su calidad o derechos de terceros. Por último, indicaron que el proyecto constituye una fuente de energía renovable y limpia, alineada con la política pública energética internacional y local referida al cambio climático.

El criterio determinante de la Corte Suprema, que resolvió rechazar la apelación, fue la extemporaneidad de las pretensiones, demostrando que los municipios tomaron conocimiento del inicio de la construcción del proyecto el 16 de noviembre de 2020 -a propósito de una comunicación formal enviada por Rucalhue-, mientras que los recursos fueron interpuestos el 13 y 14 de agosto de 2021. Es decir, cumplido el plazo de 30 días corridos previsto para acción.